¿A qué obedece el giro en seguridad de Bukele? Por Iván Ambroggio
El gobierno salvadoreño evalúa liberar bajo condiciones a reclusos con baja participación en pandillas, en un giro pragmático ante la actual crisis penal.
Las maras, organizaciones criminales que durante décadas convirtieron a El Salvador en uno de los países más violentos del planeta, no son un fenómeno espontáneo. La más notoria, la Mara Salvatrucha o MS-13, nació en los años ochenta en los barrios pobres de Los Ángeles entre jóvenes salvadoreños que huían de la guerra civil.
Allí se confrontaron con otras bandas y, con el tiempo, deportaciones masivas la devolvieron a Centroamérica, donde se expandió junto a su rival: Barrio 18. Ambas operan a través de "clicas", pandillas territoriales semiautónomas que controlan barrios o colonias concretas, imponen normas internas y ejecutan órdenes de estructuras superiores.
Su financiamiento se sostiene principalmente en la extorsión -la llamada "renta" cobrada a colectiveros, comerciantes, empresarios y vecinos-, el narcomenudeo y, en menor medida, el tráfico de armas y el secuestro.
En El Salvador, quienes no pagaban con dinero las exigencias de las maras, pagaban con su vida. Desde el 27 de marzo de 2022, el país centroamericano vive bajo un régimen de excepción que ha sido prorrogado más de cincuenta veces.
En ese período, el gobierno de Nayib Bukele detuvo a más de 93.000 personas acusadas de pertenecer o colaborar con las pandillas. La medida suspendió garantías constitucionales básicas, como el derecho a ser informado de los motivos de la detención, el acceso inmediato a un abogado y la inviolabilidad de las comunicaciones.
El resultado estadístico es innegable. Cifras históricas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) y el Banco Mundial confirman que en 2015 el país alcanzó un pico de 103 a 106 homicidios por cada 100.000 habitantes.
A partir de 2019, cuando Bukele asumió el poder con una tasa en torno a los 36-38, la tendencia a la baja continuó hasta situarse en 1,3 al cierre de 2025 y mantener proyecciones cercanas a 1 por cada 100.000 en 2026, según los últimos balances del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Barrios que antes cerraban al anochecer ahora mantienen comercios abiertos hasta la madrugada. Sin embargo, esa metamorfosis ha generado un duro cuestionamiento internacional. Amnistía Internacional ha documentado detenciones arbitrarias masivas, torturas, desapariciones forzadas y cientos de muertes bajo custodia estatal, y ha advertido que los patrones podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
Human Rights Watch, por su parte, denuncia que los juicios masivos -en los que se procesa a cientos de acusados simultáneamente con pruebas débiles y sin posibilidad real de defensa- son una "burla a la justicia".
Expertos de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han señalado la suspensión prolongada de garantías, el hacinamiento extremo y la falta de individualización de responsabilidades.
El gobierno responde que se trata de un "margen de error" y que ha liberado a unos 8.000 inocentes, pero insiste en que la medida sigue siendo necesaria porque "el cáncer aún tiene células".
En ese contexto, el anuncio de Bukele resulta sorprendente. El presidente reveló que su gobierno evalúa una liberación anticipada y condicional para aproximadamente el 50 % de los reclusos que colaboraron con las pandillas, pero con "baja participación" en delitos graves.
No se trata de una absolución: seguirán siendo considerados culpables y estarán bajo monitoreo. El propio mandatario ilustró la diferencia expresando que no es lo mismo quien ayudó a enterrar un cadáver que el joven obligado a avisar cuando se aproximaba la policía.
"Venimos de un país donde colaborar con las pandillas no era inusual", argumentó. Y agregó: "Si se capturara a todos los que alguna vez colaboraron, habría que arrestar al 20 % de la población". Este giro marca un cambio de rumbo significativo. Durante más de cuatro años, el discurso oficial fue de guerra total, cero tolerancia y "mano dura" sin matices.
La seguridad se construyó sobre la excepcionalidad permanente y la desarticulación de las "clicas" mediante detenciones masivas. Ahora se introduce un discernimiento de grados de responsabilidad que el propio gobierno había resistido. ¿A qué obedece? Varias hipótesis se superponen.
Primero, la sostenibilidad del sistema carcelario: El Salvador tiene la tasa de encarcelamiento más alta del mundo y el costo fiscal y logístico de mantener a casi 100.000 personas privadas de libertad es enorme.
Segundo, la presión internacional acumulada y la necesidad de mostrar alguna capacidad de corrección ante organismos de derechos humanos y socios comerciales.
Tercero, un cálculo político: ante la eventual búsqueda de un tercer mandato, diferenciar entre líderes y colaboradores menores permite proyectar madurez y reducir el costo humano visible de la política. Finalmente, el reconocimiento implícito de que la sociedad salvadoreña vivió durante décadas bajo el sometimiento de las maras, y que muchos actos de colaboración fueron de supervivencia más que de militancia ideológica.
El anuncio no elimina el régimen de excepción ni desmonta el aparato de seguridad. Bukele ha dejado claro que la "quimioterapia" continuará mientras existan remanentes. Pero sí introduce una distinción que, si se implementa con transparencia y garantías mínimas de debido proceso, podría marcar el inicio de una fase distinta, esto es, la de administrar el éxito de la reducción de violencia sin perpetuar indefinidamente un estado de excepción que ha salvado vidas y, al mismo tiempo, erosionado derechos fundamentales. El equilibrio entre seguridad y Estado de derecho sigue siendo el dilema central de la experiencia salvadoreña.
(*) Analista internacional especializado en Seguridad y Defensa en Estados Unidos. Es director del Posgrado en Seguridad en la Universidad Católica de Córdoba y docente de Ciencia Política en la Universidad Siglo 21.